Aníbal Gaviria recuperó su libertad

Publicado por: maria.vargas el Vie, 16/10/2020 - 18:07
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El Tribunal Superior de Medellín otorgó la libertad inmediata a Aníbal Gaviria gobernador de Antioquia.
Aníbal Gaviria libre

Aníbal Gaviria recuperó su libertad luego de la decidión del Tribunal Superior de Medellin. El gobernador de Antioquia presentó el recurso habeas corpus para recuperar su cargo.

Esta noticia ha generado grandes reacciones por parte de los antioqueños y grandes empresarios de este departamento que le expresaron su apoyo y solidaridad.

Gaviria en varias oportunidades interpuso varios recursos para volver a sus labores, sin mebargo, el alto tribunal de justicia consideró en ese entonces que la defensa del mandatario no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas presentadas por el Fiscal Primero Delegado en la resolución del 5 de junio de 2020.

 

Hasta el momento, ni Gaviria ni la Gobernación de Antioquia han expresado palabras sobre esta decisión.

¿Por qué se investigó a Aníbal Gaviria?

El pasado 5 de junio, la Fiscalía General de la Nación impuso medida privativa de la libertad contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria por irregularidades en la contratación de su anterior administración. 

De acuerdo con el ente investigador, los elementos probatorios darían cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007.

Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

En ese sentido, el fiscal del caso aseguró que se encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.

Por lo que esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.